Además, recientemente mantuve una conversación con funcionarios del Ministerio de Educación que colaboran con consulados y otras entidades. Comentaban que anteriormente gestionaban una oficina para 300.000 personas, pero ahora atienden a 3 millones. Mi respuesta fue clara: “Poned medios, esto no es nuevo. Formad a la gente, haced eficientes los programas”. Como empresa privada, yo tengo que adaptarme a estas circunstancias, así que no entiendo por qué el sector público no puede hacer lo mismo.
Me miraban sorprendidos cuando continué: en mi empresa, cuando hay un pico de trabajo, mi equipo trabaja horas extra; también es cierto que después pueden salir antes si la carga disminuye. “Ya, pero imagina pedirle a un funcionario, que cobra 1.500 euros, que se quede hasta las siete”, respondieron. Tal vez la solución sea, sencillamente, pedir más plazas. O quizá es necesaria una mayor concienciación ciudadana para que entre todos solicitemos, mediante reclamaciones, más recursos para esos departamentos.
No tengo la respuesta absoluta, pero está claro que si, como empresa privada, debo reinventarme constantemente, lo lógico es que la administración pública también reflexione sobre cómo puede mejorar y, sobre todo, cómo podemos colaborar para ayudarles. No se trata solo de cuestiones económicas, sino de buscar soluciones que beneficien a todos.
Me gratifica, como abogado, poder decirle a un estudiante: “Tu trámite estará listo en un mes en lugar de en cinco”. Estas mejoras no solo agilizan procesos, sino que generan satisfacción en todos los involucrados.
👉 Tip de experto: No hagas trámites legales por tu cuenta. ¡Busca asesoramiento profesional!
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