La administración pública a menudo incurre en contradicciones internas que generan confusión tanto en los usuarios como en los propios funcionarios. Por ejemplo, se publica una ley que establece claramente ciertos procedimientos que pueden realizarse hasta el 20 de noviembre. Sin embargo, posteriormente se emite una instrucción adicional, indicando que sería discriminatorio limitar dichos procedimientos solamente hasta esa fecha y que, por lo tanto, deben seguir presentándose después.
Esta dualidad de mensajes crea una cadena de incertidumbre. Las oficinas encargadas, por su parte, suelen reafirmar que continuarán aplicando la ley original, descartando la instrucción como directriz válida. La situación desemboca en la pregunta inevitable: ¿En qué quedamos?
Esto ilustra lo que comúnmente se conoce como un caso normativo “regulín”, es decir, una normativa mal articulada que no responde coherentemente a las necesidades de la administración ni a las expectativas de los ciudadanos. El resultado es una auténtica confusión administrativa, donde nadie sabe a ciencia cierta cuál es la directriz vigente y aplicable.
Vaya peloteloja.
👉 Tip de experto: No hagas trámites legales por tu cuenta. ¡Busca asesoramiento profesional!
¡Aprende con nuestros videos!
Aviso legal: Los artículos y vídeos de Lexborders son de carácter informativo. No constituyen asesoramiento jurídico personalizado. La normativa puede variar según cada caso. Se recomienda la revisión individual por un abogado experto en extranjería.