Soy partidaria de que cada quien haga lo que desee; no seré yo quien diga que no se puede criticar a nadie. Sin embargo, en los últimos tiempos, he recibido múltiples consultas acerca de la residencia fiscal. Muchas personas me comentan: “Tengo que irme a Dubái o a República Dominicana para establecer mi residencia fiscal”, cuando en realidad mantienen la residencia en España y, además, están intentando cumplir con los años necesarios para obtener la nacionalidad española, que son dos.
En estos casos, siempre hago la misma pregunta: ¿Cuánto ganas? Y suelen quedarse perplejos. “Bueno, todavía no estoy…”, suelen responder. Entonces repregunto: ¿Ganas más de 200.000 o 250.000 euros al año? La respuesta suele ser no.
¿Entonces, qué sentido tiene? Quieres la nacionalidad española, luego el pasaporte español, y finalmente ser ciudadano europeo. No pretendo ser la persona más patriótica de las redes sociales, pero lo lógico, si aspiras a ese pasaporte, es tributar aquí y mantener una buena relación con el país durante ese proceso. Mientras tanto, dedícate a hacer crecer tu negocio, sea cual sea, y una vez consigas el pasaporte europeo o español, ahí podemos analizar otras opciones.
Estas historias de: “no, no, no, es que España me asfixia con impuestos”, no tienen mucha lógica en estos casos. Si no te convence, elige otro país para residir. No pasa nada. Pero resulta curioso que todos quieren obtener el pasaporte europeo en España porque el proceso suele ser más rápido—para la mayoría de los países de Latinoamérica, a los dos años ya es posible y bastante más fácil—pero casi nadie quiere cumplir las obligaciones fiscales con el país.
Esto lleva a preguntarse: ¿en qué lugar quedan quienes sí vienen a aportar? Aunque son pocos, ¿cómo quedan en comparación con la gran mayoría que busca ventajas sin comprometerse? Sinceramente, no termino de entender esta postura.
👉 Tip de experto: No hagas trámites legales por tu cuenta. ¡Busca asesoramiento profesional!
¡Aprende con nuestros videos!
Aviso legal: Los artículos y vídeos de Lexborders son de carácter informativo. No constituyen asesoramiento jurídico personalizado. La normativa puede variar según cada caso. Se recomienda la revisión individual por un abogado experto en extranjería.