El próximo 16 de junio se avecina una nueva huelga en las oficinas de extranjería, la segunda en menos de dos meses. Esta situación ha surgido principalmente a raíz del nuevo reglamento, y es evidente que tanto los funcionarios como los abogados nos vemos afectados por la falta de instrucciones claras. Curiosamente, mientras los funcionarios se movilizan, los abogados rara vez recurrimos a la huelga, a pesar de ser uno de los colectivos más afectados por este tipo de paros.
Principales quejas de los funcionarios
- Ausencia de instrucciones: Esto provoca incertidumbre en la tramitación de los procedimientos.
- Falta de personal: Una plantilla insuficiente para la cantidad de expedientes existentes.
- Falta de formación adecuada: Los funcionarios sienten que no reciben la preparación necesaria para afrontar la complejidad de los expedientes.
Comparto plenamente la frustración por la falta de formación, porque a menudo las resoluciones son insatisfactorias y generan ansiedad y problemas serios a los ciudadanos. Hay decisiones que demuestran un desconocimiento profundo de la materia y esto repercute negativamente en las personas a quienes afectan.
Incorporación de nuevos funcionarios: ¿la solución?
Según fuentes como Europa Press, se planea incorporar 750 nuevos funcionarios de los niveles C1 y C2, de los cuales 500 se destinarían a extranjería. Aunque se agradece cualquier refuerzo, cabe preguntarse si este personal contará con la formación suficiente para operar en un área tan compleja como esta. No basta con tener conocimientos básicos; es necesario un profundo entendimiento del Derecho para gestionar correctamente la gran variedad de situaciones que se presentan en extranjería.
Los abogados dedicamos años de formación, incluyendo másteres y, en muchos casos, segundas carreras, para desenvolvernos en este ámbito. Por ello, sería más sensato reclutar personal de los niveles A1 o A2, con mayor capacitación jurídica, aunque eso implique una mayor inversión económica para la administración.
Deficiencias en tecnología y automatización
Otro desafío significativo es la falta de inversión en IT. El sistema Mercurio, por ejemplo, necesita mejoras urgentes para hacerlo más intuitivo. Desde mi experiencia, en los despachos privados recurrimos a especialistas en IT para automatizar nuestros procesos, pero la administración no muestra el mismo compromiso con la modernización tecnológica.
Si la tramitación de nacionalidades ha mejorado utilizando herramientas de inteligencia artificial, ¿por qué no implementar soluciones similares en extranjería? Comprendo que gestionar grandes volúmenes documentales es complejo, pero la falta de innovación perjudica tanto a los ciudadanos como a los profesionales del sector.
El impacto sobre ciudadanos y profesionales
En la actualidad, existen más de 200.000 expedientes de extranjería presentados y la nueva ley anunciada el 20 de mayo augura una sobrecarga aún mayor. Si a esto le sumamos la entrada de personal poco cualificado y la ausencia de inversión tecnológica, las consecuencias serán inevitables:
- Retrasos en la resolución de expedientes
- Decisiones poco fundamentadas que perjudican a los ciudadanos
- Aumento de la presión sobre los profesionales que intentamos ayudar a las personas afectadas
Todo esto genera un clima de frustración. Conseguir la confianza de los clientes para después ver cómo sus trámites se retrasan o se resuelven de forma insatisfactoria, por errores de la administración o falta de preparación, resulta tremendamente desalentador.
Sobre la posible regularización masiva
No me opongo a la idea de una regulación masiva, si finalmente se lleva a cabo bajo criterios adecuados. A lo largo de la historia, estas medidas han resultado útiles para el país y, quizás, deberíamos considerar ejercer presión para que se implementen acciones de esta índole que beneficien a todos.
Reflexión final
Entiendo que muchos funcionarios trabajan bien y bajo condiciones difíciles, algo en lo que coincido plenamente. Sin embargo, también hay muchos que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. La huelga, en este caso, me parece legítima para exigir mejoras en la formación, los recursos y la organización dentro de extranjería.
Lo incoherente es que, por ejemplo, a los estudiantes no se les otorgue el permiso de trabajo desde el inicio, obligándolos a realizar trámites innecesarios y duplicando el trabajo de las oficinas de extranjería. Estas decisiones políticas responden a una falta de experiencia real en el sector migratorio y terminan perjudicando tanto a los ciudadanos como a los profesionales.
En definitiva, los de siempre acabamos pagando las consecuencias: los ciudadanos que ven sus procedimientos retrasados porque el gobierno no hace su trabajo, y los profesionales que intentamos ayudarles, viendo cómo nuestra labor se ve perjudicada por una administración mal gestionada.
En este contexto, solo cabe esperar que sobreviviendo a estas circunstancias, algún día haya un cambio real y efectivo en el sistema.
👉 Tip de experto: No hagas trámites legales por tu cuenta. ¡Busca asesoramiento profesional!
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